Recientemente, el Gobierno de Bolivia ha identificado a Senkata, el Trópico de Cochabamba y ciertas áreas de Santa Cruz como los principales puntos de riesgo para posibles protestas y bloqueos. Esta información fue presentada por el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, durante un debate en la Asamblea Legislativa sobre la extensión del estado de excepción.
Oviedo expuso que los informes de inteligencia sugieren que podría haber una reactivación de movilizaciones tras el 18 de septiembre, especialmente en Senkata, San Julián, Yapacaní y en la zona del puente San Pablo, que marca el límite entre Santa Cruz y Beni. Además, mencionó que desde el Trópico se estarían enviando activistas a diversas regiones con el fin de organizar nuevas manifestaciones, aunque no ofreció detalles específicos sobre los grupos implicados.
Para respaldar la solicitud de prórroga del estado de excepción, el Gobierno presentó un total de 12 informes técnicos provenientes de diversas entidades: ocho de la Policía, dos del Ministerio de Gobierno, uno del Ministerio de Defensa y uno más de las Fuerzas Armadas. Según lo indicado por Oviedo, estos documentos detallan amenazas, situaciones de emergencia y bloqueos que aún persisten en varias regiones del país.
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, evaluó el nivel de riesgo en el país, considerándolo "muy alto" en Santa Cruz, "alto" en La Paz, El Alto y Cochabamba, y "medio-alto" en otros departamentos. Esta evaluación fue utilizada por el Ejecutivo para justificar la decisión de extender el estado de excepción, que fue aprobada por la Asamblea Legislativa por 100 votos a favor, extendiéndose por 90 días más.
Cabe recordar que esta medida se implementa tras los 53 días de bloqueos que ocurrieron entre mayo y junio, los cuales el Gobierno considera como un antecedente para las actuales condiciones de riesgo. Sin embargo, diversos sectores sociales y legisladores han cuestionado la necesidad de prolongar el estado de excepción, argumentando que el Gobierno debería priorizar el diálogo y la atención a las demandas económicas y sociales de la población.