Recientemente, surgieron serias denuncias acerca de posibles cobros irregulares en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) relacionados con la distribución de diésel. Estas acusaciones han provocado un intenso debate político, donde varios legisladores han calificado estos hechos como actos de corrupción y han instado a investigar a fondo.
La diputada Lissa Claros, del partido Libre, expresó su preocupación al afirmar que en el oriente del país hay funcionarios corruptos dentro de YPFB, y criticó la falta de acción del director de la entidad, Daroca. "Estamos viendo un carnaval de corrupción", dijo Claros, subrayando la necesidad de una investigación urgente.
Por su parte, el diputado Edgar Zegarra también se pronunció al respecto, cuestionando al Gobierno sobre la persistencia de este tipo de actos dentro de la estatal petrolera. Zegarra mencionó que los productores están siendo cobrados 2 bolivianos adicionales por cada litro de diésel, un hecho que considera muy serio y que merece una respuesta clara de las autoridades.
Desde la bancada de Unidad, se han sumado a los llamados a investigar a los responsables de estos cobros. Los legisladores enfatizan que es fundamental identificar y sancionar a los funcionarios implicados en estas prácticas ilegales.
En respuesta a las denuncias, el vicepresidente Edmand Lara ha anunciado su intención de presentar una denuncia penal. Lara criticó duramente la situación, indicando que es inaceptable que con fondos del Estado se esté extorsionando a las gasolineras. "No puede ser que YPFB esté cobrando para abastecer combustible", manifestó.
El vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, también se refirió al impacto económico de estos cobros, señalando que podrían representar millonarias sumas de dinero que benefician a ciertos individuos en YPFB. Zambrana destacó que 2 bolivianos por litro en un volumen de 13 millones de litros diarios podría resultar en una coima de 26 millones de bolivianos al día, lo que equivale a 3 millones de dólares.
Finalmente, el ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Aramayo, aseguró que estos hechos están siendo investigados y se están preparando acciones concretas para combatir la corrupción en el sector. Aramayo enfatizó la importancia de erradicar estas prácticas que afectan la calidad del combustible y el suministro regular al mercado.
En medio de esta situación, ha habido denuncias adicionales sobre cobros irregulares en las estaciones de servicio, ampliando aún más las preocupaciones sobre la transparencia en YPFB. Un agricultor compartió su experiencia en redes sociales, relatando cómo ha sido contactado por personas que le piden un pago adicional para ser incluido en la lista de abastecimiento.