La situación de escasez de combustible en Bolivia ha encendido las alarmas en diversas organizaciones sociales y del transporte, que amenazan con movilizaciones si el Gobierno no logra normalizar el suministro de diésel.
Rolando Choque, ejecutivo de la Federación Túpac Katari, indicó que su organización está considerando tomar medidas de protesta e incluso romper el estado de excepción si sus demandas no son atendidas.
"Posiblemente vamos a movilizarnos, tal vez se va a romper el estado de excepción, pero estamos todavía en ese análisis".
Choque manifestó su preocupación por la creciente dificultad de la población para acceder al combustible y advirtió que esto podría derivar en un nuevo conflicto social. Mencionó que el Gobierno sería el único responsable si la situación estalla.
Por otro lado, el sector del transporte pesado también se encuentra en una situación crítica. Nelson Carrillo, primer secretario de la Federación del Transporte Pesado, anunció que su sector está en estado de emergencia debido a las dificultades para conseguir diésel.
Carrillo criticó la prolongación de las filas en las estaciones de servicio, que persisten a pesar de la implementación del Decreto Supremo 5676, el cual debía mejorar la comercialización de diésel.
El dirigente del transporte pesado resaltó que los transportistas deben esperar hasta 72 horas para cargar combustible, lo que demuestra que las medidas hasta ahora no han resuelto el problema de abastecimiento.
Además, Carrillo mencionó que el sector está considerando coordinar acciones con otras organizaciones, y no descartan participar en movilizaciones, incluyendo bloqueos y cierres de fronteras, para hacer sentir su descontento.
La crisis de abastecimiento de combustibles que enfrenta el país ha generado largas filas en las estaciones de servicio, y ha aumentado la presión sobre el Gobierno, que debe actuar para garantizar la distribución de diésel y evitar que el conflicto se extienda a otros sectores económicos.
El Ejecutivo ha atribuido parte de esta crisis a problemas logísticos, pero los afectados sostienen que las medidas implementadas no han logrado asegurar un suministro regular de combustible.
La posibilidad de que las organizaciones sociales y el transporte pesado se unan en una movilización representa un desafío significativo para el Gobierno, que deberá tomar acciones efectivas para evitar que la crisis se agrave.