El legislador Carlos Alarcón ha solicitado que se convoque a una sesión pública y con voto nominal para tratar el informe elaborado por la comisión especial que investigó el caso de la 'gasolina basura'. Alarcón expresó que la comisión finalizó su trabajo hace más de un mes y que el documento aún no ha sido conocido por el público.
Durante sus declaraciones, Alarcón subrayó la necesidad de que el pleno de la Cámara de Diputados discuta este informe de manera abierta y transparente, insistiendo en que la decisión debería tomarse por mayoría y no requerir la unanimidad de los legisladores.
El informe en cuestión, según el diputado, cuenta con el respaldo de nueve de los once miembros de la comisión y menciona a varios posibles responsables. Entre ellos se encuentran el expresidente Luis Arce y exministros como Alejandro Gallardo y Mauricio Medinaceli, quienes son mencionados debido a una supuesta flexibilización de las normativas.
Además, se señala que ciertos funcionarios de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) son citados en el documento por una presunta falta de fiscalización y por el otorgamiento indebido de permisos a YPFB.
Alarcón también hizo referencia a la reciente aprehensión de Daniela Durán, exdirectora jurídica de YPFB, quien es investigada por su posible participación en la compra y venta de gasolina de mala calidad. El diputado destacó la importancia de que las investigaciones avancen más allá de las etapas iniciales, advirtiendo que muchos casos tienden a desvanecerse con el tiempo.
El legislador enfatizó que deben analizarse todos los niveles de responsabilidad en este asunto, incluidos funcionarios de alto y medio rango, ya que miles de ciudadanos se han visto afectados por daños en sus vehículos, a raíz de la situación con la gasolina.
Asimismo, Alarcón mencionó un contrato de provisión de gasolina con la empresa Vitol, indicando que este contrato fue firmado el 2 de mayo de 2025 y sufrió varias modificaciones, con una quinta enmienda realizada el 17 de diciembre de 2025, que extendió su vigencia hasta el 30 de junio de 2026.