Representantes de distintas fuerzas políticas han solicitado al Gobierno que active el Estado de Excepción en respuesta a las movilizaciones programadas por grupos afines a Evo Morales. Este reclamo se produce tras el ampliado llevado a cabo en Lauca Ñ, y se centra en la necesidad de adoptar medidas preventivas contra posibles bloqueos y actos de violencia.
El senador José Ormachea, de Libre, ha enfatizado que es responsabilidad del Ejecutivo implementar esta medida y movilizar a la Policía y las Fuerzas Armadas. Asimismo, propuso la aprehensión preventiva de aquellos que, a su juicio, pudieran estar incitando a desmanes o alteraciones del orden público.
Por su parte, los diputados Álvaro Cazasola, de Unidad, y Ricardo Rada, del PDC, coincidieron en la urgencia de prevenir posibles brotes de violencia mientras continúe vigente el régimen excepcional. Sus comentarios se dieron a conocer luego de que Morales estableciera un plazo hasta el 3 de octubre para que el Gobierno de Rodrigo Paz anule los decretos que critica, y anunciara movilizaciones a partir del 13 de octubre si no se cumplen sus demandas.
El 17 de septiembre, la Asamblea Legislativa aprobó la extensión del Estado de Excepción por 90 días adicionales, con 100 votos a favor y 58 en contra de un total de 158 legisladores presentes. El Gobierno justificó esta prórroga basándose en informes que alertaban sobre el riesgo de nuevos bloqueos, marchas, y paros, lo que podría afectar el abastecimiento y los corredores estratégicos.
Este llamado a la aplicación del Estado de Excepción se da en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y los sectores relacionados con el evismo. Mientras algunos parlamentarios sostienen que esta medida es esencial para garantizar el orden y la libre circulación, los seguidores de Morales han criticado la extensión del Estado de Excepción y han prometido nuevas movilizaciones.