El futuro de la extradición del exfiscal Marcelo Soza, quien se encuentra en el extranjero, depende de gestiones que deben realizar diversas entidades estatales. Así lo informó el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, en respuesta a una consulta del presidente Rodrigo Paz en relación a una minuta presentada por el senador Leonardo Roca, del partido Libre.
En el documento emitido, se explica que el Viceministerio de Asuntos Jurídicos Internacionales y Gestión Consular, que forma parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, está encargado de las gestiones internacionales como la extradición. Sin embargo, este ministerio no posee la autoridad necesaria para solicitar la extradición de Soza, lo cual corresponde a otra instancia del Estado.
Además, se mencionan esfuerzos por parte del Estado para revisar los antecedentes relacionados con el caso Hotel Las Américas e identificar a los responsables, así como la posibilidad de reparar a las víctimas afectadas por los sucesos de 2009.
Demandas desde el partido Libre y acciones judiciales
Desde el partido Libre, se han formulado varias medidas relacionadas con el proceso. Entre estas, se destaca la solicitud para coordinar los trámites de extradición de Soza, con el objetivo de que comparezca ante la justicia boliviana y se le exija rendir cuentas por su implicación en el caso.
La minuta también exhorta a identificar, investigar y procesar a aquellos funcionarios de la policía, fiscalías y del ámbito judicial que podrían haber tenido algún grado de responsabilidad en el caso, especialmente a los que ordenaron o encubrieron las acciones relacionadas con las muertes ocurridas el 16 de abril de 2009 y las detenciones consideradas arbitrarias.
En cuanto a las acciones legales, Oviedo confirmó que el Ministerio de Gobierno ha presentado una solicitud ante el Tribunal Primero de Sentencia Penal, buscando obtener copias de documentos relevantes del proceso, que concluyó con una sentencia absolutoria en 2020.
Por último, la respuesta del ministerio señala que se evaluarán medidas relacionadas con la memoria histórica y las garantías de no repetición. Entre sus propuestas destaca la incorporación de temas como el debido proceso y la prohibición de ejecuciones extrajudiciales en la formación de la Universidad Policial (Unipol).