Las autoridades del Comité pro Santa Cruz, junto con la Gobernación, expresaron su postura ante el Gobierno central, tras notar que los avances en cuestiones como salud, educación, autonomía y el suministro de combustible han sido casi nulos. El plazo que han establecido es hasta el 10 de octubre para recibir respuestas concretas.
Stello Cochamanidis, presidente del Comité pro Santa Cruz, indicó que la falta de cumplimiento de promesas por parte del Gobierno podría llevar a la convocatoria de un cabildo si la situación no mejora. En sus declaraciones, afirmó que los problemas más urgentes incluyen la descentralización de competencias y la atención a las necesidades en salud y educación, además de las dificultades en el acceso a combustible.
"La pelota está en la cancha del Gobierno central. Lo único que hay que hacer aquí es que haya voluntad política".
En cuanto a la situación del combustible, Cochamanidis destacó que hay escasez de gasolina en las estaciones de servicio, lo que genera largas filas. A pesar de la reciente promesa de más de 500 ítems para el sector salud, el dirigente considera que esta cantidad es insuficiente para cubrir las necesidades del departamento.
El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, se comprometió a seguir trabajando conjuntamente con el Comité pro Santa Cruz y mencionó la importancia de la coparticipación tributaria en la próxima discusión del presupuesto del Estado para 2027. Velasco destacó que este aspecto es fundamental y no negociable para las gobernaciones, y se espera que se aborde en la reunión con otros gobernadores el 12 de octubre en Cobija.
Asimismo, el gobernador planteó la necesidad de regresar competencias educativas a la Gobernación para poder implementar una currícula adaptada a la región. En relación al combustible, hizo un llamado a cambiar la normativa que ha restringido el acceso a las regalías departamentales, que no ha resultado en exploraciones efectivas en la última década.
Tanto el Comité pro Santa Cruz como la Gobernación coincidieron en que seguirán atentos a los compromisos del Gobierno y harán una evaluación el 10 de octubre para determinar los pasos a seguir, que podrían incluir medidas de presión si no se obtienen respuestas adecuadas a sus demandas.