Roxana Lizárraga Vera, cónyuge del abogado Ramiro Vega, quien recientemente fue designado para defender al asesor presidencial Fernando Cerimedo, tiene antecedentes judiciales en Bolivia vinculados a delitos de corrupción. Lizárraga ocupó el cargo de ministra de Comunicación bajo la administración de Jeanine Áñez.
Uno de los procesos legales que enfrenta está relacionado con el enriquecimiento ilícito, en el cual se le acusa de registrar 182 depósitos bancarios irregulares durante su gestión, que suman un total de Bs 247.072. La fiscalía sostiene que estos movimientos no se justifican adecuadamente con respecto a sus ingresos y bienes. En consecuencia, el 15 de agosto de 2024, fue condenada a cuatro años de prisión por un tribunal anticorrupción de La Paz.
Además, Lizárraga está implicada en el denominado 'Caso Gases', que investiga la compra y entrada irregular al país de agentes químicos durante el gobierno de Áñez. Según el informe, en febrero de 2025, el Gobierno emitió una nueva sentencia en la que se condenó a Lizárraga y a otros exministros, incluido Arturo Murillo, por acciones que habrían causado un perjuicio económico al Estado que supera los 2 millones de dólares.
Este contexto se hace relevante tras la reciente defensa de Cerimedo por parte de Ramiro Vega, quien ha cuestionado de manera abierta al Ministerio Público, sugiriendo que las acusaciones contra su defendido se basan en una supuesta estrategia política. Esta postura guarda similitudes con los argumentos que Lizárraga presentó durante su tiempo en el ministerio, aunque el informe aclara que las acusaciones contra Cerimedo deben ser tratadas por las autoridades competentes bajo el principio de presunción de inocencia.