Durante una conferencia de prensa, el presidente boliviano, Rodrigo Paz, confirmó que los 1.900 millones de dólares que provienen del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) no se destinarán al subsidio de combustibles, sino que se emplearán en proyectos de infraestructura que beneficien a la población.
Paz expresó que no es viable utilizar estos fondos para subsidios, destacando que los recursos deben ser utilizados para el bienestar de los ciudadanos. "No podemos usar estos recursos para el tema del subsidio a los combustibles", aseveró el mandatario desde el Palacio de Gobierno en La Paz.
El jefe de Estado mencionó que el Parlamento deberá abordar varias reformas económicas, incluyendo el acuerdo con el FMI, el cual fue anunciado el 29 de julio, así como otros acuerdos de protección social que suman 700 millones de dólares.
El acuerdo con el FMI también abre la posibilidad de acceder a un financiamiento adicional de 4.500 millones de dólares de instituciones como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, los cuales se invertirán en infraestructura y en sectores de salud y educación.
El presidente Paz argumentó que es preferible destinar estos fondos a las necesidades de los bolivianos, en lugar de utilizarlo para subsidios que pueden fomentar el contrabando de combustible hacia países vecinos. Además, propuso la liberación de la importación de combustible, permitiendo que cada sector acceda sin depender de la empresa estatal YPFB.
El mandatario también subrayó la importancia de debatir el proyecto de legalización de vehículos indocumentados, conocidos como "chutos", lo que podría generar ingresos significativos para los municipios. Esta propuesta fue parte de su campaña electoral para las elecciones de 2025 y ha generado tensiones con Chile debido a las denuncias sobre tráfico de autos robados.
Finalmente, el Gobierno estableció un precio referencial de 18 bolivianos por litro de diésel a partir del 17 de agosto, aunque este valor no aplica al transporte público ni a quienes consumen menos de 5.000 litros al mes, donde se mantiene un precio de 9,80 bolivianos. Sin embargo, esta medida ha provocado protestas y bloqueos en diversas regiones del país.