El avance hacia una reforma electoral en Bolivia se basa en criterios que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha calificado como "innegociables". Esto incluye asegurar que el Órgano Electoral tenga la competencia exclusiva sobre las elecciones y prohibir el registro de nuevos candidatos a menos de 48 horas de los comicios, según lo señalado por su presidente, Gustavo Ávila.
Ávila expresó su preocupación sobre la interferencia de otras instituciones en el proceso electoral y enfatizó la necesidad de que la ley deje claro que el TSE es el único organismo competente. Criticó la actual normativa que permite la sustitución de candidaturas hasta momentos previos a las elecciones, lo cual considera inaceptable.
Desde 2010, las elecciones en el país han estado regidas por la Ley de Régimen Electoral, que ha permitido situaciones controvertidas como la renuncia de candidatos a solo dos días de los comicios, así como la retirada de organizaciones políticas en instancias como la segunda vuelta electoral en La Paz.
En el contexto de las elecciones judiciales programadas para diciembre de 2024, se han planteado cuestionamientos sobre la validez de ciertas decisiones debido a recursos legales presentados por candidatos excluidos, lo cual ha puesto en entredicho el principio de preclusión, que busca estabilizar el proceso electoral.
Un caso emblemático fue el fallo de la Sala Constitucional Primera del Beni, que, a un mes de las elecciones, declaró desierta la convocatoria para magistrados, desafiando así el principio de preclusión, afectando a varios tribunales en distintas regiones del país.
Ávila subrayó que el objetivo de la reforma electoral es implementar nuevas reglas que rijan el próximo proceso electoral, enfatizando que la normativa actual debe ser modificada para evitar los problemas que han surgido anteriormente.
Tras completar la fase de recolección de propuestas, se procederá a la redacción del nuevo marco legal, que se espera sea presentado al Legislativo en noviembre para su discusión y eventual aprobación.