En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la Defensoría del Pueblo de Bolivia ha reiterado su dedicación a la defensa y promoción de los derechos humanos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos en el Estado Plurinacional. La institución subraya que la Constitución Política del Estado y los tratados internacionales en materia de derechos humanos son pilares fundamentales para garantizar tanto los derechos individuales como colectivos de estos pueblos.
La Constitución reconoce el derecho a la libre determinación, la identidad cultural, la territorialidad, el autogobierno, así como la consulta previa, libre e informada. Estos derechos se ven respaldados por instrumentos internacionales como el Convenio N.º 169 de la OIT y las declaraciones de la ONU y la OEA sobre los derechos de los pueblos indígenas.
La Defensoría ha destacado los progresos logrados con la Ley N.º 450 de Protección a Naciones y Pueblos Indígena Originario en Situación de Alta Vulnerabilidad y su Decreto Supremo Reglamentario N.º 4793, que buscan asegurar la continuidad cultural, física y territorial de aquellos pueblos que enfrentan mayores riesgos.
Sin embargo, persisten serios desafíos que ponen en jaque el ejercicio efectivo de los derechos colectivos. Problemas como los incendios forestales, la deforestación, la presencia de actividades extractivas, así como el avasallamiento de tierras y la minería ilegal, continúan afectando la salud, la seguridad alimentaria y la identidad cultural de las comunidades indígenas.
Particularmente preocupante es la situación de los pueblos indígenas en situación de alta vulnerabilidad y aquellos en aislamiento o contacto inicial. La Defensoría enfatiza la necesidad de aplicar rigurosamente principios que garanticen su protección, tales como el no contacto y la autodeterminación.
Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo hace un llamado a las autoridades estatales para que refuercen la normativa existente, prevengan el avasallamiento y las actividades ilícitas en tierras indígenas, y garanticen una gestión integral del riesgo ante incendios forestales. También se destacan la importancia de políticas públicas interculturales en áreas claves como salud, educación y protección ambiental.
Finalmente, la institución reconoce el valioso aporte de más de 36 naciones y pueblos indígena originario en la edificación del Estado Plurinacional, así como en la conservación de la biodiversidad y el resguardo de saberes ancestrales, reafirmando que cuidar sus derechos es un deber constitucional que involucra a toda la sociedad boliviana.