La Central Obrera Departamental (COD) de Pando ha manifestado su oposición al Proyecto de Ley 070/2025-2026, conocido como 'Ley para Garantizar la Libre Transitabilidad y Protección del Pueblo Boliviano'. Este proyecto contempla imponer sanciones penales a quienes participen en bloqueos de caminos, lo que, según la organización, podría vulnerar el derecho de los trabajadores a movilizarse y ejercer acciones de presión.
Aprobado por la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, este proyecto ahora espera su consideración en el pleno. La iniciativa incluye diez propuestas que buscan establecer el delito de 'obstrucción grave a las rutas públicas', con penas que dependen de la gravedad de la situación.
Las sanciones propuestas varían desde tres hasta seis años de prisión si los bloqueos afectan servicios esenciales como salud, evacuación o actividades laborales. En casos que impliquen violencia o destrucción de infraestructura, las penas pueden ascender hasta ocho años, y para situaciones de mayor gravedad, se mencionan hasta diez años de condena.
Desde la COD de Pando se ha cuestionado la adecuación de una ley con tales características, señalando que puede ser utilizada para restringir las movilizaciones sociales. Los trabajadores recordaron que muchas de sus conquistas laborales y sociales han sido el resultado de protestas y acciones de resistencia.
La normativa aún no ha sido ratificada como ley. Luego de su aprobación en la comisión correspondiente, debe ser discutida en su totalidad por el pleno de la Cámara de Diputados, antes de avanzar en las siguientes etapas del proceso legislativo.