El diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Ricardo Rada, comunicó que se manejan entre diez y quince nombres para el cargo de Fiscal General del Estado, a medida que el Legislativo se prepara para retomar la sesión en la que se discutirá la situación de Roger Mariaca y su posible reemplazo.
Rada indicó que una vez que se cumpla con el procedimiento establecido en la reforma a la Ley 260, la elección del interino debe realizarse en la misma sesión en que se apruebe la suspensión de Mariaca. El legislador mencionó que se debatirán varios nombres antes de que los líderes de las bancadas se reúnan para llegar a un consenso.
El diputado enfatizó que hay un interés compartido entre distintas fuerzas políticas por encontrar un acuerdo que permita elegir a un candidato que contribuya a recuperar la independencia dentro del Ministerio Público. Se buscará evaluar a los postulantes en base a su trayectoria y capacidades, alineándolos con lo establecido en la Constitución y la Ley del Ministerio Público.
La diputada Lissa Claros, de Alianza Libre, subrayó que es fundamental que el próximo Fiscal General interino cumpla con criterios de integridad y autonomía. Afirmó que existen profesionales competentes en Bolivia que podrían cumplir con este perfil, y solicitó que las bancadas eviten imponer candidatos a través de acuerdos políticos.
La normativa reciente establece que el Fiscal General interino podrá ser designado por un plazo máximo de 90 días, tiempo durante el cual se deberán realizar las gestiones para elegir al Fiscal General titular, cuya duración del mandato será de seis años. Rada mencionó que el interino no solo tendrá que atender cuestiones administrativas, sino también continuar investigaciones de alta relevancia.
Entre los casos importantes que deben seguirse están los relacionados con las maletas y el oro, que requieren atención continuada y actuación imparcial para garantizar que la justicia opere equitativamente para todos los ciudadanos bolivianos.
Ambos legisladores aclararon que Roger Mariaca sigue siendo el Fiscal General en funciones mientras la Asamblea espera la documentación oficial sobre su imputación, lo cual es necesario para activar el proceso de suspensión en base a la nueva norma aprobada.