La Fiscalía General del Estado ha reiterado a sus fiscales y al personal del Ministerio Público que está terminantemente prohibido solicitar o recibir dinero por cualquier motivo. Esta medida busca garantizar la integridad del sistema judicial y ha sido acompañada por un nuevo canal digital para que las personas puedan denunciar cualquier irregularidad.
La nueva normativa afecta a todos los funcionarios del país, incluyendo fiscales departamentales, fiscales de materia, personal administrativo y de apoyo. Se advierte que cualquier acción relacionada con la exigencia de dinero será considerada una falta muy grave y puede dar lugar a acciones disciplinarias, así como a la remisión de los casos a la justicia penal.
Según el comunicado oficial, el cobro de dinero por parte de servidores públicos representa un acto de corrupción que será perseguido con severidad. La institución se compromete a procesar a aquellos que incurran en estas prácticas ilegales, lo que podría incluir la remoción de su cargo.
Para facilitar las denuncias, se ha habilitado el sistema de Denuncia Digital Directa. Cualquier persona que tenga conocimiento de cobros irregulares podrá reportarlos utilizando un código QR proporcionado en el comunicado, además de acceder a la plataforma institucional para realizar su denuncia.
La Fiscalía ha garantizado la confidencialidad de los denunciantes, con el fin de proteger su identidad y evitar represalias. Esta decisión forma parte de un esfuerzo más amplio en concordancia con el Decreto Supremo 5749, que regula la atención y canalización de quejas sobre cobros ilegales y otros actos de corrupción dentro del sistema judicial.
Dicha normativa también abarca acciones atribuibles a servidores o exservidores públicos del Ministerio Público, así como de otras instituciones judiciales, incluyendo el Órgano Judicial y la Policía Boliviana, destacando la importancia de erradicar la corrupción en todas sus formas.
La exigencia o cobro de sumas de dinero constituye una falta gravísima y la presunta comisión de delitos de corrupción de acción pública. Aquel servidor público que incurra o participe en estos actos ilegales será procesado inmediatamente por la vía disciplinaria y remitido ante la jurisdicción penal, sin perjuicio de la remoción del cargo.