Abraham Nogales, presidente de Anapo, ha manifestado que el costo del diésel, establecido en Bs 17,95 por litro tras la eliminación de la subvención, representa aproximadamente el 20% del total de los costos de producción en el sector agrícola. Por lo tanto, han exigido un abastecimiento continuo y condiciones equitativas para competir en el mercado internacional.
Nogales enfatizó que el aumento en el precio del diésel no puede evaluarse de forma aislada, ya que su efecto se extiende a todas las fases de producción agrícola, incluyendo la cosecha, el uso de insumos y el transporte. Para mitigar esta situación, Anapo propone que el Gobierno implemente un enfoque integral y no medidas temporales.
- Garantizar un suministro estable de diésel sin racionamiento para todos los productores.
- Establecer un único precio de mercado para el combustible, evitando así el desvío hacia el mercado negro.
- Mejorar las condiciones de competitividad para que los productores puedan igualar los costos internacionales.
El presidente de Anapo también destacó que, en el contexto de la campaña de invierno, los costos de producción ya habían aumentado entre un 20% y un 30% en comparación al año anterior, debido a diferentes factores como la inflación de insumos y el tipo de cambio. Además, algunas fincas tuvieron que recurrir a mercados paralelos para obtener el diésel necesario durante períodos de escasez.
En cuanto a la próxima campaña de verano, Nogales expresó su preocupación, señalando que es prematuro determinar el impacto del aumento del diésel en el área cultivada. A pesar de que las condiciones climáticas durante la campaña de invierno fueron favorables, la falta de combustible retrasó algunas actividades de cosecha.
Por último, Nogales indicó que la organización ha enviado cartas a diversos ministros para solicitar reuniones que permitan discutir las condiciones para la implementación del nuevo esquema de precios. Subrayó que el sector no fue consultado antes de la decisión y recalcó que las demandas no necesariamente requieren inversión adicional por parte del Estado, sino más bien voluntad política para facilitar la exportación y el acceso a tecnologías.