A dos meses de la instauración del Estado de excepción por parte del presidente Rodrigo Paz, las largas colas en las estaciones de servicio por combustible no han desaparecido. Desde el 20 de agosto, la situación continúa crítica, afectando a conductores y, en especial, a quienes dependen del diésel para trabajar.
El problema se inició en mayo con los bloqueos, lo que llevó al Gobierno a explicar que la llegada de las cisternas se había visto interrumpida. Sin embargo, tras la derogación de bloqueos y la declaración del Estado de excepción, las autoridades de YPFB prometieron que la distribución se normalizaría en poco tiempo.
Sebastián Daroca, presidente de YPFB, había indicado el 26 de junio que se esperaban condiciones más normales para mediados de la semana siguiente. Pero, conforme pasaron los días, los plazos se fueron extendiendo.
En una conferencia de prensa el 7 de julio, el vicepresidente de operaciones de YPFB, Hugo Blacud, amplió la expectativa, sugiriendo que para fin de mes se resolverían los problemas de abastecimiento, aunque de manera gradual. Sin embargo, la situación ha empeorado.
El 15 de agosto, el ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, se disculpó con la ciudadanía por la falta de diésel, evitando dar un plazo concreto para solucionarlo, ya que había dudas sobre el cumplimiento de los mismos.
Decreto 5676 y reacciones del sector productivo
Ante el descontento general, el Gobierno emitió el Decreto Supremo 5676, que elimina subsidios para los grandes consumidores de diésel, fijando un precio de 18 Bs, mientras que el precio para el público general se mantendrá en 9,80 Bs. Esta medida ha sido considerada discriminatoria por varios sectores productivos.
La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) se declaró en emergencia ante este decreto, catalogándolo como "improvisado y discriminador". Klaus Frerking, su presidente, advirtió que esta decisión podría impactar negativamente en la seguridad alimentaria, ya que más de la mitad de los productores han decidido no sembrar.
Los productores en San Julián han dado un ultimátum al Gobierno de 48 horas para que se abrogue el decreto, de lo contrario, están dispuestos a iniciar bloqueos en las carreteras. Mientras tanto, el Gobierno defiende su postura, alegando que el objetivo es regularizar el abastecimiento de diésel.
El presidente de YPFB, Daroca, ha afirmado que la distribución de gasolina se normalizará en un plazo de tres días, destacando que no existe un mercado especulativo grande para este combustible. Sin embargo, la situación actual y las tensiones generadas por el decreto siguen desafiando a la administración del Gobierno.