El 1 de octubre se llevó a cabo un amplio operativo policial en varias ciudades del país, resultando en la detención del fiscal general del Estado, Róger Mariaca, junto a otros 13 individuos, incluidos altos fiscales y un oficial de la Policía. La operación se desarrolló en La Paz, Santa Cruz y Sucre, y fue anunciada como un nuevo paso en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico en Bolivia.
Este operativo se realizó poco después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos señalara a Mariaca por supuesta "corrupción significativa". Este señalamiento lo acusaba de recibir sobornos para facilitar actividades ilegales relacionadas con el narcotráfico. Aunque Mariaca afirmó que las acusaciones eran infundadas, su aprehensión marcó un punto crítico en la investigación sobre corrupción en el sistema judicial boliviano.
El comandante general de la Policía, Adrián Álvarez, detalló que el operativo comenzó a partir de informes sobre movimientos sospechosos y antecedentes de investigaciones previas vinculadas al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. Durante el proceso, se realizaron múltiples arrestos, incluido el del mayor Rubén Aparicio Villarroel, quien proporcionó información clave sobre la implicación de altos funcionarios en el narcotráfico.
Detenciones y hallazgos en el operativo
Entre los detenidos se encuentran el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, y el fiscal superior Martín Daniel Irusta Flores. Además, la Policía informó sobre la incautación de una ambulancia que, tras ser registrada, contenía maletines con más de 3,5 millones de bolivianos y 10,000 dólares, fondos que según el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, provendrían de extorsiones a ciudadanos.
"El poder no puede ser un refugio para el delito", afirmó el vocero presidencial, José Luis Gálvez.
Las autoridades han indicado que las investigaciones continuarán y se están analizando los teléfonos móviles de los aprehendidos para rastrear posibles conexiones con el narcotráfico. Gálvez enfatizó que este operativo representa una oportunidad para renovar el sistema de justicia, instando a la Asamblea Legislativa a actuar en consecuencia.
Además, se ha reavivado la atención sobre Sebastián Marset, quien había escapado de un operativo anterior en el que Mariaca era fiscal de Santa Cruz. El Gobierno ha declarado que la investigación no solo busca establecer culpabilidades individuales, sino desmantelar una organización criminal que se ha infiltrado en el aparato judicial.
Con los operativos en marcha, los esfuerzos para combatir la corrupción y el narcotráfico han cobrado un nuevo impulso en Bolivia, lo que podría significar un cambio significativo en la estructura del Ministerio Público y la justicia boliviana en general.