A través del Decreto Supremo 5676, el Gobierno de Bolivia ha implementado un nuevo esquema de comercialización del diésel, que incluye un precio referencial inicial de Bs 18 por litro para los grandes consumidores. En contraste, el precio de Bs 9,80 por litro seguirá vigente para transportistas y usuarios particulares.
Este precio de Bs 18 no es definitivo y podría cambiar en el futuro. Según lo establecido en la norma, el Ministerio de Hidrocarburos tiene la responsabilidad de desarrollar una metodología que permita ajustar el costo del combustible, manteniéndose por ahora el precio referencial como medida transitoria.
El objetivo de esta nueva regulación es, de acuerdo con la explicación oficial, mejorar la disponibilidad de diésel, mitigar problemas de desabastecimiento y evitar que el combustible, adquirido a precio subvencionado, sea desviado hacia actividades ilegales como el contrabando o la reventa.
La decisión ha generado diversidad de reacciones entre distintos sectores. Los transportistas, productores y cooperativas mineras han expresado su desacuerdo con el nuevo precio establecido para ciertos consumidores, advirtiendo sobre las repercusiones que esto podría tener en sus actividades económicas.
Particularmente, el sector agropecuario se ha manifestado en contra de esta normativa, convocando a un congreso extraordinario con el propósito de discutir acciones a seguir en respuesta al aumento del precio del diésel.