La Ley Departamental de Prevención, Coordinación Interinstitucional y Atención de Contingencias ante Bloqueos de Vías ha sido promulgada por la Gobernación de Santa Cruz. Esta normativa tiene como propósito principal enfrentar las repercusiones de los bloqueos en la región, abordando cuestiones de salud, producción, abastecimiento y movilidad de la población.
La promulgación de la ley se realizó el pasado viernes en la Casa de Gobierno Juan Pablo Velasco, con la firma del gobernador Juan Pablo Velasco. Este marco regulador se fundamenta en tres ejes centrales: la prevención, la coordinación interinstitucional y la atención a emergencias provocadas por bloqueos en vías.
Ejes centrales de la ley
- Prevención: Implementación de mecanismos de alerta temprana y planificación para anticipar bloqueos.
- Coordinación interinstitucional: Colaboración entre diversas instituciones para una respuesta unificada ante bloqueos.
- Atención de contingencias: Creación de corredores humanitarios y medidas para minimizar el impacto en la producción y el abastecimiento.
La presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, María René Álvarez, subrayó que esta norma representa un avance en la autonomía del departamento y enfatiza que su propósito no es limitar el derecho a la protesta. Ella afirmó que la ley está enfocada en la prevención y manejo de conflictos que puedan afectar a terceros.
La vicegobernadora Paola Aguirre destacó que este marco legal surge como respuesta a una necesidad sentida en la comunidad y enfatizó que hay que erradicar la "cultura del bloqueo". Aguirre advirtió que los bloqueos impactan negativamente a ciudadanos que no participan en los conflictos, especialmente a quienes requieren atención médica y a los productores que dependen de la libre circulación de mercancías.
Además, la vicegobernadora mencionó que estas medidas no solo afectan a las personas, sino que también tienen repercusiones económicas. La interrupción de rutas puede limitar la llegada de alimentos a los mercados, afectar el empleo y obstaculizar las cadenas productivas, así como perjudicar la imagen de Bolivia para posibles inversiones.
Aguirre también propuso la idea de promover una ley antibloqueo a nivel nacional, manifestando que la Asamblea Legislativa Departamental se encargará de llevar esta discusión al ámbito nacional y procurar que los legisladores cruceños apoyen esta iniciativa.
Finalmente, la nueva ley establece un plazo de 180 días para su implementación, durante el cual se espera que la Dirección de Desarrollo Autonómico del Ejecutivo departamental desarrolle acciones para poner en práctica las disposiciones establecidas.