Nuevas autorizaciones de EE.UU. para operaciones con PDVSA

Luis Ojopi septiembre 29, 2026 2 min de lectura

En el contexto de un reciente acuerdo entre Caracas y Washington, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ha dado a conocer tres nuevas licencias que permiten, bajo ciertas condiciones, la colaboración de Petróleos de Venezuela (PDVSA) con firmas estadounidenses.

La primera de estas licencias, la 46E, permite a las empresas de EE.UU. unirse a PDVSA o a compañías donde esta tenga participación mayoritaria, en actividades relacionadas con la extracción, refinación, transporte, logística y comercialización de petróleo venezolano. Además, se autoriza la obtención de seguros marítimos y la contratación de servicios portuarios vinculados.

Por otro lado, la licencia 48D autoriza el envío desde EE.UU. de bienes, tecnología y servicios necesarios para la producción de petróleo, gas y sus derivados en Venezuela. Esta licencia también abarca aspectos del sector eléctrico, en particular la generación y transmisión de energía, así como el mantenimiento de las instalaciones correspondientes. Se prohíbe, sin embargo, la creación de nuevas empresas conjuntas y el envío de diluyentes.

Finalmente, la licencia 48B autoriza al gobierno venezolano a formalizar contratos para nuevas inversiones en el sector de hidrocarburos y electricidad, siempre bajo la aprobación de la OFAC. También se permite la realización de estudios técnicos, ambientales y legales necesarios para dichos proyectos.

Cabe destacar que, en caso de disputas legales entre las empresas estadounidenses y PDVSA, estas deberán resolverse en tribunales ubicados en EE.UU., el Reino Unido, Singapur o Francia. Además, los pagos relacionados con estas actividades para personas o empresas sancionadas deberán gestionarse a través de cuentas controladas por el Tesoro estadounidense.

Mantenimiento del marco de sanciones

A pesar de las nuevas licencias, es importante mencionar que no se está levantando el régimen de sanciones que ha estado vigente por más de diez años sobre Venezuela. Estas medidas representan un cambio limitado en las interacciones entre PDVSA y diversas compañías, pero el acceso a inversiones y operaciones sigue estando restringido.

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