El reportaje especial de Red Uno plantea la inquietante pregunta de si las leyes bolivianas están facilitando el daño ambiental. Expertos y ambientalistas han manifestado su preocupación por ciertas normativas que regulan las quemas y los desmontes en el país.
Los especialistas señalaron que las leyes permiten acciones que involucran fuego, lo que se convierte en un riesgo mayor debido a la insuficiencia en la fiscalización. Además, consideran que las multas impuestas son mínimas en comparación con las posibles consecuencias de un incendio descontrolado.
"Todo este tema de permitir legalmente, normativamente las quemas, el avance de la frontera agrícola nos está llevando a un desastre en Bolivia"
Entre las leyes señaladas se encuentran la Ley 1171, que regula el uso y manejo racional de quemas; la Ley 741, que permite desmontes de hasta 20 hectáreas; y otras como la Ley 337, vinculada a la producción de alimentos y la Ley 1098, sobre los aditivos de origen vegetal.
Los ambientalistas reclaman una revisión exhaustiva de estas normativas, mencionando que varias propuestas para su derogación aún no han sido tratadas en la Cámara de Diputados. Erika Bayá, integrante de la organización 'Alas Chiquitanas', enfatizó que hay leyes que requieren ajustes.
También se subrayan las limitaciones financieras que enfrentan las instituciones responsables de la protección ambiental, como la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), lo que dificulta una adecuada supervisión.
Finalmente, se argumenta que la producción agropecuaria no tiene por qué estar en oposición a la conservación del medio ambiente. Los especialistas sugieren que una producción responsable depende de la salud de los ecosistemas y de recursos naturales como el agua.