La abogada Nadia Beller hizo públicas varias fotografías en las que se observa a Fernando Cerimedo, quien enfrenta investigaciones por delitos como narcotráfico y legitimación de ganancias ilícitas, junto a Donald Trump Jr., hijo del expresidente estadounidense, y Brad Parscale, exjefe de campaña de Trump.
Beller planteó la inquietud de si el veto impuesto al fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, podría ser una forma de proteger a una supuesta red política conocida como Maga. La abogada enfatiza que las imágenes tienen una gran relevancia en el contexto actual boliviano y las restricciones impuestas por el gobierno estadounidense.
En sus declaraciones, Beller subraya que este asunto va más allá de una simple campaña electoral, sugiriendo que se trata de una estructura política internacional que, tras obtener el poder, se habría vinculado a negocios cuestionables en Bolivia.
A medida que se intensifican las investigaciones sobre estas denuncias, el gobierno de Donald Trump ha comenzado a implementar restricciones a la visa de Mariaca, acusándolo de corrupción relacionada con el narcotráfico, aunque sin proporcionar evidencia concreta.
Beller cuestiona si esto forma parte de una lucha política legítima contra el narcotráfico o si, por el contrario, se trata de un esfuerzo para proteger a la red Maga. Asimismo, se muestra preocupada por la presión ejercida sobre el fiscal general en el contexto de potenciales procesos y extradiciones.
La abogada también recordó los audios que presentó el vicepresidente Edmand Lara, en los cuales se relaciona a Cerimedo con actividades delictivas vinculadas al narcotráfico, mencionando que otros individuos, como el exjefe de la Felcn, William Cabrera, también están implicados.
Beller argumenta que, si realmente existe una estructura que protege al narcotráfico, no puede ser defendida por una sola persona, por lo que es crucial investigar a todos los involucrados en estas operaciones para entender la red de complicidades.
Por último, señala que es pertinente preguntarse por qué se retira la visa al fiscal que investiga esta red, mientras que otros actores vinculados no enfrentan la misma situación, lo que podría interpretarse como una maniobra para obstaculizar la investigación.