El Gobierno, bajo la administración de Rodrigo Paz, ha promulgado el Decreto Supremo 5693, que introduce disposiciones excepcionales para las instituciones financieras que, a partir del 31 de julio de 2026, enfrentan problemas de solvencia debido a la situación económica actual. La finalidad de esta medida es prevenir un deterioro mayor y asegurar la continuidad de los servicios financieros en el país.
Uno de los aspectos más controversiales de esta normativa es la utilización temporal del Fondo Amplio de Garantía y de Crédito, creado en 2026 con recursos provenientes del 6% de las utilidades netas de los bancos múltiples y de las entidades PYME. Este fondo fue diseñado específicamente para mejorar el acceso a financiamiento, incluyendo garantías relacionadas con vivienda social y créditos destinados a la producción.
Con el nuevo decreto, el mencionado fondo tendrá la capacidad de emitir Certificados de Fortalecimiento Patrimonial a aquellas entidades financieras que se encuentren en apuros de solvencia. La duración de estos certificados será de hasta 90 días. Esto implica que los recursos originalmente destinados para garantizar el acceso al crédito ahora se redirigirán temporalmente para reforzar el patrimonio de los bancos.
Este cambio en el uso de recursos plantea una interrogante crucial: si algunas entidades requieren de medidas extraordinarias para mejorar su solvencia, ¿qué tan grave es la situación del sistema financiero en general? No obstante, el decreto no indica de manera categórica que haya una crisis bancaria sistémica ni que los fondos vayan a ser utilizados para cubrir créditos incobrables; tales afirmaciones demandarían información más detallada de la ASFI y del Gobierno.
Sin duda, esta modificación tiene implicaciones políticas y sociales importantes. Los fondos que deberían estar destinados a facilitar el acceso a la vivienda y al crédito productivo ahora se podrán usar para fortalecer el patrimonio de las instituciones financieras. Este tipo de fondos, en sus inicios, tenía como objetivo primordial facilitar el acceso a la vivienda de interés social, incluso cubriendo parte del aporte propio exigido por los bancos.
La pregunta que surge de esta situación es contundente: ¿el Gobierno está realmente protegiendo el sistema financiero para prevenir una crisis mayor, o está sacrificando recursos destinados a la vivienda y la producción para resolver problemas de solvencia de los bancos?