El senador Branko Marinkovic ha reiterado su propuesta de abrir el mercado de combustibles en Bolivia a empresas privadas. Esto incluiría la importación, almacenamiento, transporte y venta de carburantes sin la intermediación obligatoria de YPFB, la empresa estatal.
Esta idea no es nueva; Marinkovic ya había planteado una privatización de la cadena de combustibles en abril, cuando el desabastecimiento de diésel generó largas filas en distintas regiones del país. En aquella ocasión, argumentó que el modelo estatal había fracasado, señalando que tras la nacionalización no había gas ni recursos, solo filas.
La propuesta se formalizó en un proyecto de ley que cuenta con el respaldo de los senadores Ernesto Suárez y Kathia Quiroga. El objetivo es permitir que empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras, importen gasolina, diésel y otros combustibles sin restricciones de cupos ni necesidad de autorizaciones previas por parte del Estado.
Entre las medidas más controversiales del proyecto se encuentra la reducción del IVA del 13% al 3% para los combustibles importados bajo este nuevo régimen y la eliminación de otros impuestos para facilitar la importación privada. Además, se propone la disolución de la ANH, reemplazándola por una autoridad técnica enfocada en calidad y seguridad, sin competencias para establecer cupos o decidir quién puede importar.
La propuesta de Marinkovic ha cobrado mayor relevancia tras los movimientos del Gobierno de Rodrigo Paz, que ya ha comenzado a evaluar cambios similares. Después de intervenir YPFB por problemas en la importación y distribución de carburantes, el Ejecutivo ha manifestado su intención de ir retirando gradualmente a la estatal de la comercialización, abriendo paso a una mayor participación del sector privado.
El ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, confirmó que ha habido diálogos con empresas privadas que desean entrar en el negocio de importación de combustibles. La intención es que YPFB se enfoque más en actividades de exploración, explotación y refinación.
En este contexto, el propio Rodrigo Paz indicó que el Gobierno está orientado hacia la disminución del papel de YPFB en la importación y comercialización, lo que plantea la necesidad de definir quiénes serán los nuevos actores en el mercado y bajo qué condiciones operarán, además de si realmente esta apertura ayudará a resolver el problema del desabastecimiento sin crear un nuevo monopolio privado.