Este miércoles, el mandatario Rodrigo Paz formalizó la Ley 436 de Retorno Económico, que determina la asignación de responsabilidades financieras entre los distintos niveles de gobierno, específicamente en lo relacionado al sistema penitenciario y los programas de vacunación.
Uno de los cambios más relevantes es que el Ministerio de Gobierno se encargará de cubrir los costos de los prediarios y los gastos operativos del sistema penitenciario en todo el país. De este modo, las gobernaciones ya no deberán destinar parte de sus presupuestos para estas responsabilidades.
La normativa también incluye que el financiamiento del bono de vacunación pasará a ser responsabilidad del Ministerio de Salud y Deportes, lo que permite a los gobiernos departamentales liberar recursos que anteriormente destinaban a este beneficio.
Aplicación y recursos hasta 2026
La ley estipula que las obligaciones surgidas antes de 2026 seguirán bajo la responsabilidad de los gobiernos departamentales, conforme a las normativas que estaban vigentes al momento de su generación. Además, se mantendrán transferencias específicas para algunas instituciones hasta dicha fecha.
A partir de 2027, las fuentes de financiamiento para la Autoridad Binacional Lago Titicaca, la Oficina Técnica Nacional de los Ríos Pilcomayo y Bermejo, así como el Servicio al Mejoramiento de Navegación Amazónica, serán determinadas mediante un decreto supremo, permitiendo así un ajuste en la gestión financiera.
La intención de la Ley 436 es modificar la distribución de las cargas financieras entre el gobierno central y las gobernaciones. Esto permitirá a las autoridades departamentales utilizar sus recursos de manera más eficiente en otras áreas de su competencia, en lugar de depender de financiamientos nacionales para ciertos gastos.
La promulgación de esta ley se llevó a cabo en un evento que contó con la participación de gobernadores y en un contexto de debate sobre la asignación de recursos y el proceso conocido como 50/50.
La Ley 436 busca una mejor distribución de las responsabilidades financieras entre el nivel central y los gobiernos departamentales, permitiendo que estos últimos dispongan de recursos para satisfacer otras necesidades locales.