La situación de violencia en San Matías pone en evidencia la penetración del crimen organizado en Bolivia, llevando a legisladores a solicitar asistencia internacional. Las disputas entre grupos criminales y el Estado han aumentado notablemente, impulsadas por la reciente captura del delincuente Sebastián Marset.
El diputado Alejandro Reyes afirmó que el crimen organizado ha estado presente en Bolivia desde hace años, y que la actual crisis de seguridad está marcada por enfrentamientos entre bandas criminales y el propio gobierno. Reyes sugirió la necesidad de establecer convenios que permitan la intervención de agencias internacionales y fuerzas especiales, considerando que esta sería una medida clave para restablecer la seguridad en el país ante la amenaza de organizaciones como el Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Vermelho, que ya tienen presencia confirmada en el territorio nacional.
Claudia Bilbao, otra diputada, destacó que, aunque el crimen organizado opera desde hace tiempo, antes gozaba de mayor impunidad, en gran parte gracias al respaldo del gobierno anterior. La reciente detención de Marset ha avivado las rivalidades entre grupos delictivos, lo que ha llevado a un incremento de la violencia.
En este contexto, Bilbao subrayó la importancia de implementar controles más rigurosos en las fronteras, especialmente en áreas críticas como San Matías. Sin embargo, reconoció que erradicar estos grupos será un reto formidable, sobre todo tras los acontecimientos relacionados con la extradición de Marset a Estados Unidos.
Los recientes episodios de violencia en el departamento de Santa Cruz, que dejaron al menos siete muertos en un periodo de dos días, destacan la gravedad del problema y la urgencia de una respuesta efectiva ante el crimen organizado. San Matías y otros municipios cercanos a Brasil son frecuentemente escenario de operaciones anti-narcotráfico, lo que refleja la complejidad de la situación.
Yapacaní también se ha consolidado como un punto crítico para el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas, lo que exige una intervención más decidida por parte del Estado boliviano y su colaboración con entidades internacionales.