El 22 de octubre de 2026, la Fiscalía General del Estado emitió un comunicado en el que anunció que tomará acciones legales y disciplinarias contra aquellos funcionarios públicos que se encuentren involucrados en prácticas de cobro irregulares, sin importar el motivo o justificación que presenten.
La Fiscalía enfatizó que está "estrictamente prohibido" para sus funcionarios solicitar, exigir o recibir cualquier tipo de contribución económica, ya sea interna o externa, bajo cualquier circunstancia o justificación.
El organismo explicó que la exigencia de dinero en cualquier forma representa una infracción grave y podría derivar en delitos relacionados con la corrupción en la función pública.
"Cualquier servidor público que se vea involucrado en estos actos será sometido a un proceso disciplinario inmediato y será presentado ante la justicia penal, además de poder ser destituido de su puesto", señala el comunicado.
Para facilitar la denuncia de estos hechos, se ha habilitado un sistema de Denuncia Digital Directa, donde tanto funcionarios como ciudadanos pueden reportar exigencias de cobros irregulares.
La Fiscalía aseguró que se garantiza la confidencialidad de la identidad de los denunciantes, de manera que se proteja a quienes informan sobre estas irregularidades de posibles represalias.