Juan Pablo Velasco, gobernador de Santa Cruz, ha planteado la necesidad de finalizar con la subvención generalizada a los combustibles en Bolivia. En su propuesta, sugiere implementar un sistema de compensación dirigido específicamente a los usuarios del transporte público que necesiten apoyo en este proceso de cambio.
A través de un mensaje en redes sociales, Velasco aboga por que la Yacimientos Petroleros Fiscales Bolivianos (YPFB) deje de importar y vender combustibles subsidiados. En su lugar, propone abrir el mercado a la participación de operadores privados, quienes podrían importar y distribuir carburantes a precios reales.
De acuerdo con el análisis del gobernador, si se ajusta el precio del barril de petróleo, el costo del combustible podría llegar a ser de 16,5 bolivianos por litro. Velasco sostiene que el apoyo gubernamental debe estar dirigido a quienes realmente lo necesiten, en lugar de mantener una subvención indiscriminada para el combustible.
Dentro de su propuesta, Velasco plantea establecer un programa de transición que dure tres meses, en el cual se otorgue un bono de emergencia a los usuarios del transporte público que necesiten ayuda económica. Esto permitiría un alivio temporal mientras se realizan los cambios necesarios en el sistema.
Además, el gobernador sugiere la implementación de un sistema tecnológico basado en la tercera placa (B-Sisa), que facilitaría la identificación electrónica de los vehículos y permitiría llevar un control del consumo y los kilómetros recorridos. Esta medida buscaría que la subvención se enfoque en el transporte público realmente utilizado, evitando beneficios inapropiados.
Velasco también mencionó que abrir el mercado a la competencia privada podría atraer nuevas empresas y proveedores internacionales. Afirma que la gobernación está lista para colaborar con entidades privadas que aún no han trabajado con el Gobierno Nacional para resolver la demanda de combustibles en el departamento.
Sin embargo, el gobernador advirtió que para que el sector privado participe de manera efectiva, no se puede exigir que importen combustibles a precios internacionales y, al mismo tiempo, competir con precios artificialmente bajos. Reiteró que mientras persistan precios desajustados, escasez, contrabando y mercados paralelos, será difícil para los operadores privados competir de manera justa y el problema de abastecimiento persistirá.