El Ministerio Público de Santa Cruz, liderado por el fiscal departamental, Jimmy Fernando López Rojas, ha iniciado una revisión exhaustiva de los bienes incautados en el marco de diversas investigaciones penales. Esta acción surge tras la alerta sobre la falta de información y el manejo inadecuado de vehículos secuestrados durante operativos policiales.
López Rojas ha denunciado que varios fiscales no han cumplido con el procedimiento legal de presentar los vehículos ante los jueces competentes después de su secuestro. Esto ha contribuido a que estos bienes queden fuera del control institucional, lo que plantea riesgos sobre su uso indebido.
El fiscal explicó que se han emitido directrices para identificar y revisar todos los bienes que han sido incautados, así como aquellos que no se han solicitado por omisiones en las gestiones de ciertos funcionarios. Este proceso permitirá esclarecer la situación jurídica de los vehículos y su ubicación actual.
López Rojas enfatizó que ha existido una "mala práctica" en la gestión de estos bienes, donde se ha omitido realizar trámites judiciales esenciales tras los secuestros. Esto ha llevado a una situación en la que los vehículos pueden ser manejados por cualquier persona, sin el debido control.
El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz también ha planteado preocupaciones sobre el paradero de los vehículos secuestrados, lo que ha motivado al Ministerio Público a realizar una verificación minuciosa de la situación actual de estos bienes. La intención es determinar a quién pertenecen y cuál es la razón de su retención.
En este contexto, la Policía de Santa Cruz ha anunciado una auditoría que complementará el trabajo de la Fiscalía, con el objetivo de establecer un inventario claro de los vehículos y otros bienes que han sido retenidos durante operativos de investigación.