El diputado Carlos Alarcón, miembro de la comisión especial en la Cámara de Diputados que investiga el caso de la conocida 'gasolina basura', ha afirmado que un reciente informe señala posibles responsabilidades en funcionarios de las administraciones de Luis Arce y del actual gobierno.
Este documento se presentará en los próximos días ante el pleno de la Cámara de Diputados, donde se decidirán los siguientes pasos de la investigación relacionada con la calidad del combustible y los contratos que lo abarcan.
Alarcón mencionó que entre las personas señaladas en el informe se encuentran el exmandatario Luis Arce Catacora, los exministros Mauricio Medinaceli y Gallardo, así como el expresidente de YPFB, Wilson Dorgathen, y otros ejecutivos de la empresa estatal.
El legislador enfatizó que es evidente que ambas gestiones tienen responsabilidad en el asunto. Además, subrayó que cualquier intento de modificar o ignorar las conclusiones del informe debe ser respaldado con justificaciones adecuadas, dirigiéndose en especial a la presidenta de la comisión, Ximena Arispe, a quien cuestionó por la administración del documento.
Uno de los puntos críticos que resaltó Alarcón es el contrato establecido entre YPFB y la empresa Ditol, que se firmó durante el gobierno de Dorgathen, en la gestión de Arce. Este contrato sufrió cuatro modificaciones durante la gestión anterior y fue ampliado nuevamente por el actual gobierno en una quinta enmienda, firmada el 17 de diciembre de 2025, coincidiendo con el levantamiento de la subvención a los combustibles.
El diputado cuestionó esta ampliación, sugiriendo que fue una oportunidad para que el nuevo gobierno cancelara el contrato y buscara opciones de abastecimiento de combustibles más adecuadas a las nuevas realidades del mercado.
El caso tiene implicaciones significativas para la economía boliviana, ya que involucra a YPFB, la principal empresa estatal en el sector hidrocarburos, y está vinculado a la provisión de combustibles, afectando directamente el transporte, la producción y, en consecuencia, los precios de los alimentos y el ingreso de los ciudadanos.
Alarcón también criticó el hecho de que el informe estuvo sin ser tratado durante un mes tras su envío a la Presidencia de la Cámara Baja, sugiriendo que la presidenta de la comisión pudo haber intentado minimizar su impacto.
Con el informe ahora en manos del pleno de Diputados, se evaluarán las conclusiones y se determinará si se deben tomar acciones relacionadas con responsabilidades políticas o administrativas en este escándalo que vuelve a poner en cuestión la gestión de los contratos de importación y provisión de combustibles.