El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, dio a conocer el 19 de octubre la nueva Ley de Prescripción y Consolidación de Depósitos Judiciales. Esta ley tiene como objetivo gestionar los recursos de depósitos que, a pesar de haber sido autorizados para su devolución, no han sido reclamados por sus titulares.
La normativa establece que aquellos depósitos judiciales que no sean reclamados dentro de un plazo de cinco años, a partir de la resolución que autoriza su devolución, serán considerados prescritos y se destinarán al Órgano Judicial. Además, se requerirán publicaciones para informar a los potenciales reclamantes.
Rómer Saucedo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, mencionó que se estima que existen alrededor de Bs 1.000 millones en depósitos judiciales. Se proyecta que cerca de Bs 300 millones podrían estar disponibles para ser utilizados en reformas.
Estos fondos podrían ser utilizados para mejorar la infraestructura del sistema judicial, integrar tecnología para la gestión de expedientes y audiencias digitales, así como fortalecer el personal que brinda apoyo dentro del sistema.
La aplicación efectiva dependerá del cumplimiento de los procedimientos y de la reglamentación correspondiente.