Rodrigo Herrera, un destacado abogado ambientalista, ha manifestado su preocupación ante el alarmante incremento de incendios forestales en Bolivia. Según su análisis, es fundamental que las autoridades garanticen el cumplimiento de las normativas actuales y trabajen en la derogación de las conocidas como "leyes incendiarias".
Desde el año 2024, una sentencia agroambiental establece una pausa ecológica que prohíbe la utilización del fuego para prevenir nuevos incendios. Sin embargo, Herrera lamentó que esta medida no esté siendo respetada adecuadamente, al señalar: "La pausa ecológica obliga a todos los involucrados a cesar el uso del fuego y a evitar la ignición de incendios. A pesar de ello, ya se han registrado tres incendios confirmados, lo que nos preocupa enormemente".
El jurista subrayó la necesidad de que la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT) intensifique sus esfuerzos de control y actúe con prontitud para detener los focos de incendio. Además, recordó que en el año 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una resolución instando al gobierno boliviano a derogar normas que, según diversas organizaciones, fomentan las quemas.
"Este informe ha identificado a los responsables y ha recomendado al Estado que elimine estas legislaciones. Sin embargo, a dos años de esta situación, aún no hemos visto una respuesta favorable por parte de la Asamblea Legislativa", expresó.
Entre las normas cuestionadas, Herrera destacó al menos diez leyes y decretos supremos, con especial énfasis en la Ley 741, que fue promulgada en 2015. Esta ley amplió el uso del fuego en superficies de hasta 20 hectáreas, lo que anteriormente estaba limitado a cinco hectáreas sin necesidad de autorización. Según Herrera, esta modificación ha aumentado el riesgo de incendios descontrolados.
En la actualidad, existen tres proyectos de ley en la Asamblea Legislativa dirigidos a erradicar este marco normativo, y Herrera hizo un llamado a los legisladores para que brinden su apoyo a estas iniciativas.
Finalmente, exigió que las instituciones encargadas de investigar los incendios actúen con rigor, aplicando sanciones a quienes los provocan. "La ABT tiene como responsabilidad prevenir y fiscalizar estos incidentes. Debería estar identificando a los culpables y el Ministerio Público debería proceder con las aprehensiones correspondientes, buscando que los responsables enfrenten penas de hasta ocho años de prisión", concluyó.