Este miércoles, la atención en los hospitales de los tres niveles de salud en Santa Cruz se desarrolla con normalidad, después de que la Federación Sindical de Trabajadores en Salud Pública decidiera suspender el paro de 24 horas que estaba programado para hoy. Esta decisión se tomó en el contexto de la solicitud del sector de que se efectúe el pago del Bono de Vacunación correspondiente a la gestión 2026.
Un comunicado de la federación indica que la suspensión del paro es resultado de una reunión prevista entre el ministro de Salud y Deportes y la Confederación Sindical de Trabajadores en Salud Pública de Bolivia, donde se busca avanzar en el pago de este beneficio.
Asimismo, en el ampliado departamental de emergencia se determinó la creación de una comisión que se trasladará a La Paz para brindar apoyo y acompañamiento sindical en las gestiones que buscan asegurar el cumplimiento del pago a los trabajadores de salud.
Pese a la suspensión del paro, el sector de salud ha manifestado que mantendrá la vigilancia sobre sus demandas. En el comunicado se destaca que la dirigencia sindical continuará atenta y realizará gestiones constantes para asegurar el respeto a los derechos y logros laborales de los trabajadores de la salud.
Por otro lado, la Gobernación de Santa Cruz, liderada por la gobernadora en suplencia Paola Aguirre, rechazó las movilizaciones anunciadas por los trabajadores de salud, argumentando que no existen razones válidas que justifiquen dicha medida. Aguirre aseguró que se han realizado esfuerzos para garantizar el pago puntual de salarios y que se han conseguido más de 700 nuevos ítems para el sistema de salud.
Aguirre también comunicó que viajará a La Paz para gestionar una solución ante las autoridades nacionales, quienes deben hacerse cargo del pago del Bono de Vacunación.
En cuanto a la normativa relacionada, es importante mencionar que el 30 de septiembre de 2026 fue promulgada la Ley N.º 1771, que establece que el Gobierno nacional será responsable del financiamiento del Bono de Vacunación de 2026, liberando así a las gobernaciones de esta obligación. No obstante, la ley estipula que las deudas acumuladas hasta 2026 deben ser cubiertas por las gobernaciones.