El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia anunció la creación de una hoja de ruta para atender las inquietudes de familias que han adquirido terrenos en diversas urbanizaciones del país. Esto se acordó durante un encuentro entre el ministro José Gabriel Espinoza y representantes de los afectados, realizado el 30 de julio.
El plan incluye tres acciones fundamentales: primero, se llevará a cabo una revisión técnica y legal de los casos; segundo, se solicitará a las familias que presenten la documentación pertinente; y tercero, se instalará una mesa de diálogo el 3 de agosto, donde participarán funcionarios del gobierno, desarrolladores y propietarios de terrenos.
La revisión inicial se realizará el 31 de julio en Santa Cruz, y se llevará a cabo bajo el marco de la Ley N.º 453, que protege los derechos de consumidores y garantiza condiciones justas en los contratos. Este análisis permitirá verificar que las condiciones de los contratos respeten principios de legalidad y equilibrio entre las partes.
Asimismo, se solicitará a los representantes de las familias afectadas que envíen copias de sus contratos y cualquier otro antecedente necesario para que los equipos técnicos puedan evaluar cada caso individualmente. La diversidad de modalidades contractuales requiere un enfoque personalizado.
El encuentro del 3 de agosto tiene como propósito crear un espacio para la concertación, buscando soluciones que favorezcan tanto a las familias como a los desarrolladores. A través de este diálogo, se espera asegurar el cumplimiento de la normativa vigente y la protección de los derechos de los involucrados.
Desde el Gobierno, se reafirmó el compromiso de actuar conforme a la ley para brindar seguridad jurídica a las familias, evitando situaciones de pago desproporcionadas. La administración estatal subrayó la importancia de promover la conciliación y el respeto en las relaciones contractuales.
En respuesta a la propuesta del Gobierno, la Cámara Boliviana de Desarrolladores Inmobiliarios (CBDI) hizo un llamado a respetar los contratos existentes, resaltando la necesidad de abordar cualquier modificación de manera consensuada y en buena fe. Su director, Carlos Baldivieso, enfatizó que cada situación contractual debe ser analizada con cuidado, especialmente aquellas que involucran pagos en moneda extranjera.
Finalmente, la CBDI advirtió que el nuevo esquema cambiario representa un reto tanto para los consumidores como para los desarrolladores, quienes movilizan inversiones y generan numerosos empleos en el sector. En este contexto, la certeza jurídica es esencial para asegurar tanto el acceso a la vivienda como la viabilidad de los proyectos inmobiliarios en Bolivia.