El Gobierno, liderado por Rodrigo Paz, ha abierto la opción de extender el estado de excepción en Bolivia debido a la continuidad de bloqueos y la amenaza de nuevas movilizaciones que se oponen al Decreto Supremo 5676, que regula el precio y la subvención de los combustibles.
Fernando Aramayo, ministro de la Presidencia, mencionó que si las acciones de presión que impiden la libre circulación continúan, el Gobierno podría adoptar la decisión de extender esta medida excepcional. Esta iniciativa busca prevenir la repetición de los disturbios que ocurrieron en mayo y junio, cuando los bloqueos prolongados afectaron el suministro de alimentos, combustible y medicamentos.
José Luis Gálvez, vocero presidencial, aclaró que la posibilidad de una extensión no es una prioridad inmediata. Afirmó que el estado de excepción sigue vigente y que las autoridades deben asegurar el cumplimiento de las restricciones impuestas, además de aplicar sanciones a quienes bloqueen rutas.
El estado de excepción fue instaurado por Rodrigo Paz el 20 de junio a través del Decreto Supremo 5636, con una duración de 90 días, lo que significa que estará vigente hasta el 18 de septiembre de 2026. Cualquier posible extensión requerirá aprobación de la Asamblea Legislativa, de acuerdo a la interpretación constitucional indicada por expertos.
El debate sobre esta situación se ha intensificado, ya que diferentes sectores han reinstalado bloqueos y anunciado nuevas movilizaciones. Uno de los puntos críticos es el puente San Pablo, en la carretera que conecta Santa Cruz y Beni, donde los productores llevan tres días de protesta, exigiendo, entre otras cuestiones, la liberación de detenidos.
Desde la oposición y algunos sectores legislativos han surgido críticas hacia el Ejecutivo. Los legisladores han señalado que el Gobierno debería primero hacer cumplir el estado de excepción actual antes de presentar la idea de ampliarlo. Por su parte, dentro del oficialismo se está promoviendo una propuesta para extender la medida por seis meses, citando posibles nuevos conflictos sociales y emergencias a futuro.
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, advirtió que el estado de excepción es solo una medida temporal y no aborda las causas profundas de los conflictos. En este sentido, hizo un llamado a priorizar el diálogo para atender las demandas que podrían provocar un nuevo aumento en las protestas.
Por el momento, el Gobierno mantiene abierta la posibilidad de ampliar el estado de excepción, pero no hay una decisión definitiva. La solución dependerá de la evolución de los bloqueos y movilizaciones en las próximas semanas, así como de los procedimientos legales para la prolongación del estado de excepción.