El 20 de octubre, el Gobierno de Bolivia comunicó la formalización de una denuncia penal en el Ministerio Público debido a amenazas dirigidas no solo al presidente Rodrigo Paz, sino también a miembros de su familia y otros funcionarios.
El viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, Marcelo Yamil García, indicó que estas amenazas fueron difundidas a través de redes sociales y mensajes directos, apuntando a la preocupación por la seguridad de las autoridades.
García asoció las intimidaciones a las acciones del Gobierno en la lucha contra la corrupción y contra redes criminales. Esta interpretación es parte de la posición oficial del Ejecutivo, quedando la investigación para verificar los hechos.
La denuncia tiene como objetivo que la Fiscalía identifique a los responsables de las amenazas y determine si los mensajes constituyen algún delito. Es importante señalar que, hasta ahora, la denuncia no implica un fallo judicial sobre la autoría de dichas amenazas.
Este caso es significativo debido a la importancia de garantizar la seguridad de las autoridades y la necesidad de esclarecer las amenazas recibidas, sin apresurar juicios sobre las responsabilidades. Las conclusiones dependerán de las pruebas recolectadas durante las investigaciones.
"Las conclusiones dependerán de las pruebas que se obtengan durante las investigaciones".