El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, resaltó la reciente aprobación del Presupuesto General del Estado (PGE) Reformulado para el año 2026, donde se destaca un cambio significativo en la gestión de recursos. Según el mandatario, el Gobierno central se encargará del financiamiento de los prediarios en las cárceles y del bono de vacunación, coberturas que habían sido responsabilidades de las gobernaciones durante más de dos décadas, utilizando recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).
Paz comunicó en sus redes sociales que esta decisión representa un avance en la redistribución de competencias entre el Gobierno nacional y las entidades autónomas. Afirmó que "el Senado aprobó que el Gobierno central asuma, de aquí en adelante, el pago de los prediarios en cárceles y el bono de vacunación, que por más de 20 años financiaron las gobernaciones con sus recursos del IDH".
El jefe de Estado también explicó que esta medida está alineada con el nuevo modelo denominado "50/50", que busca redefinir las funciones entre las diferentes instancias del Estado. "Redefinimos responsabilidades entre el nivel central y las autonomías, para que cada región libere recursos y los invierta en su propio desarrollo. No es repartir plata. Es transformar cómo funciona el Estado", enfatizó.
Paz promulgó la Ley del Presupuesto General del Estado Reformulado 2026, que incrementa el presupuesto nacional en más de 7.400 millones de bolivianos, alcanzando así un total de 391.815,8 millones de bolivianos para la actual gestión. Esta norma busca reforzar la inversión tanto pública como privada, además de fomentar la producción nacional y ofrecer herramientas financieras adicionales a las gobernaciones y municipios.
Entre las disposiciones más relevantes, se establece que las entidades subnacionales podrán incorporar mayores recursos a sus presupuestos para la ejecución de proyectos. También se determinará una evaluación de las empresas públicas deficitarias para optimizar su sostenibilidad.
Asimismo, el PGE Reformulado incluye incentivos productivos como la exoneración del IVA por cinco años en la importación y comercialización de insumos, maquinaria, equipos y bienes de capital dirigidos a sectores estratégicos como la agricultura, la industria, la construcción, el transporte y la minería.
Finalmente, el presupuesto autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a gestionar créditos externos por hasta 3.500 millones de dólares, provenientes de organismos multilaterales y bilaterales, con la finalidad de robustecer la sostenibilidad fiscal y financiar programas estratégicos.