En el contexto del debate sobre la seguridad y la delincuencia, el constitucionalista José Luis Santistevan ha declarado que es posible modificar la Ley 264 de seguridad ciudadana para que los gobernadores asuman el rol de comandos de la Policía en sus respectivos departamentos.
Santistevan enfatiza que, con este cambio legal y la disposición del gobierno central, los gobernadores podrían tener atribuciones directas para proteger a los ciudadanos, sin que esto contravenga la Constitución del país.
Distinción de competencias en seguridad
El especialista detalló que es fundamental diferenciar entre la seguridad del Estado, que es competencia exclusiva del nivel central, y la seguridad ciudadana, la cual podría ser gestionada por los gobernadores. De esta manera se evitarían errores en la gestión institucional.
La propuesta se centraría en la implementación de planes para combatir la criminalidad que afecta a cada región. Según Santistevan, la gobernación debería tener un plan de seguridad ciudadana que no aborde delitos de lesa humanidad, sino que se enfoque en la protección de la propiedad privada.
Estructura policial y autonomía
El jurista aclaró que esta modificación no interferiría con la jerarquía ni los reglamentos internos de la Policía. Especificó que el gobernador no tendría influencia en los rangos o ascensos dentro de la fuerza policial, destacando que no se trata de una intervención en la estructura organizativa.
Bajo la normativa actual, las entidades autónomas solo están habilitadas para transferir recursos económicos a la Policía, sin tener poder de decisión en la implementación de políticas de seguridad territorial. Santistevan criticó que la ley actual limita a los gobernadores y alcaldes a ser meros financiadores sin capacidad de ejecución.
La modificación de la Ley 264 junto con el decreto correspondiente podría facilitar que los gobernadores asuman una dirección operativa en la Policía, lo que les permitiría implementar de manera efectiva los planes de seguridad ciudadana en sus regiones.