La decisión judicial de establecer la detención domiciliaria para el exlegislador Freddy Mamani incluye medidas adicionales como el arraigo, la obligación de presentarse cada quince días ante el Ministerio Público y la presentación de un garante personal junto a otro que pueda responder económicamente, con una fianza de Bs 30.000 en caso de que el imputado intente evadirse de la justicia.
La medida fue adoptada en el contexto de los bloqueos que ocurrieron entre mayo y junio de este año. El juez que tomó la decisión argumentó que no hay certeza sobre las actividades que el exdiputado podría realizar si se le permite salir a trabajar, lo que llevó a la negativa de esta solicitud. Se dejó abierta la posibilidad de revisar y modificar esta restricción si surgen justificaciones adecuadas en el futuro.
Mamani enfrenta serias acusaciones que incluyen instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, terrorismo, y atentados contra la seguridad tanto de los medios de transporte como de los servicios públicos. Además, se le imputa por delitos que afectan la salud pública.
Según la investigación del Ministerio Público, entre el 16 y el 29 de junio, el exdiputado realizó declaraciones a través de medios de comunicación y redes sociales, en las que criticó la supuesta preparación de un estado de emergencia y llamó a las fuerzas del orden a no intervenir en las manifestaciones. La Fiscalía sostiene que estas declaraciones contribuyeron a fomentar las medidas de presión, aunque no se le ha imputado participación directa en los bloqueos.
A pesar de las acusaciones, Mamani ha defendido su postura, negando cualquier organización o dirección de los bloqueos y afirmando que ejerció su derecho a la libertad de expresión. Tras la resolución emitida, tanto la defensa del exdiputado como el Ministerio de Gobierno han presentado apelaciones, lo que llevará el caso a un tribunal de alzada para su revisión.