Este martes, Fernando Cerimedo, un asesor político de nacionalidad argentina, fue trasladado desde el penal de Palmasola, en Santa Cruz, al penal de alta seguridad de Chonchocoro, en La Paz. Este movimiento se produce en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito que afecta al Estado, y se le impuso una detención preventiva de 180 días.
El operativo de traslado comenzó en la madrugada, alrededor de las 03:30 horas, bajo un fuerte resguardo policial. Cerimedo fue llevado primero al aeropuerto de Viru Viru, donde abordó un vuelo hacia El Alto a las 05:30. A su llegada, un convoy de ocho patrullas y una ambulancia lo trasladaron al penal de Chonchocoro, ubicado en el municipio de Viacha.
La defensa de Cerimedo intentó detener su traslado mediante acciones legales, pero la Justicia ratificó la segunda orden de detención preventiva. Los abogados del asesor habían manifestado preocupaciones sobre su salud y seguridad durante el proceso judicial.
Cerimedo ya estaba cumpliendo una detención preventiva en Palmasola por otra causa, que involucra un intento de feminicidio relacionado con un ataque armado a su expareja, la abogada Nadia Beller. Además, se encuentra bajo la lupa de otras investigaciones que han surgido en su contra.
"Pido justicia y que se sepa la verdad"
En medio de su traslado, Cerimedo hizo declaraciones, afirmando que Beller deberá responder ante la justicia por las acusaciones que él considera infundadas. Así, su situación se torna más compleja, enfrentando múltiples investigaciones y dos órdenes de detención en su contra.
El cambio de penal de Palmasola a Chonchocoro marca un nuevo capítulo en la vida de Cerimedo, quien ahora debe enfrentar un sistema de justicia que lo investiga por graves delitos, en un contexto de creciente atención pública.
El caso de Cerimedo no solo es un reflejo de las complejidades del sistema judicial en Bolivia, sino también de la creciente preocupación por el respeto a los derechos humanos en situaciones de detención.