Los familiares de los militares procesados por los sucesos del 26 de junio de 2024 han expresado su descontento con el excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga. Argumentan que muchos de los jóvenes que participaron en la movilización militar actuaron siguiendo órdenes superiores, lo que pone de relieve una posible injusticia en su procesamiento.
Esta situación no es nueva, ya que desde poco después de la toma de la plaza Murillo, los familiares de los detenidos han solicitado que se individualice la responsabilidad. Aseguran que los subalternos no deben ser juzgados por decisiones que no fueron de su competencia.
El principal señalado en esta demanda de justicia es Zúñiga, a quien se le atribuye la dirección del despliegue militar que llevó tropas y vehículos blindados a la plaza Murillo. Los familiares opinan que los soldados de menor rango fueron utilizados como piezas en una estrategia militar, limitándose a cumplir órdenes sin capacidad de decisión.
Zúñiga se enfrenta actualmente a un proceso judicial relacionado con la asonada militar de 2024. La Fiscalía lo acusa de haber liderado un operativo que generó una considerable tensión en el Gobierno de aquel entonces. Sin embargo, el exgeneral defiende su versión de los hechos y rechaza las acusaciones en su contra.
El juicio sigue su curso y será crucial para determinar la responsabilidad de Zúñiga y de otros implicados, diferenciando entre las decisiones tomadas por quienes estaban al mando y aquellas de los soldados que actuaron bajo órdenes.