El caso penal que se había abierto contra cinco líderes de Santa Cruz por el paro de 36 días en 2022 fue extinguido este viernes, después de más de tres años de análisis y diligencias judiciales.
Este proceso tuvo su origen en una denuncia presentada el 11 de noviembre de 2022, en el contexto de una movilización que demandaba la realización del Censo de Población y Vivienda, fundamental para la redistribución de recursos y representación política en el país.
Entre los acusados se encontraban el exgobernador Luis Fernando Camacho, el expresidente cívico Rómulo Calvo, el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar, el vicerrector Reinerio Vargas, y José Luis Santistevan, quien formó parte del Comité Interinstitucional que organizó la protesta.
José Luis Santistevan, uno de los implicados, expresó su descontento por la forma en que se llevó a cabo el proceso judicial, afirmando que las acusaciones no llegaron a ser debatidas en un juicio oral debido a la duración del caso. Criticó la intervención del gobierno en el asunto, afirmando que hubo un uso indebido de la justicia.
El abogado defendió la movilización, argumentando que el paro no solo era una exigencia por el Censo, sino que también buscaba garantizar derechos fundamentales vinculados a la salud y la educación, además de asegurar una representación política equitativa para los departamentos.
El paro comenzó el 22 de octubre y se extendió hasta el 26 de noviembre de 2022, cuando se levantó la medida tras la aprobación de una ley que garantizaba la realización del Censo en 2024. Santistevan lamentó que la falta de resolución judicial impidiera una defensa adecuada de los acusados.