Desde su implementación el 20 de junio, el estado de excepción en Bolivia ha sido un tema candente. Ahora, el Gobierno busca extender esta medida por tres meses más, lo que plantea nuevamente la posibilidad de retrasar las discusiones para modificar la Constitución Política del Estado (CPE).
La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados avaló un proyecto de resolución que ahora avanza hacia el pleno y posteriormente será considerado por la Asamblea Legislativa. Esta situación resulta preocupante, dado que el artículo 140 de la CPE prohíbe iniciar reformas constitucionales mientras dure un estado de excepción.
El estado de excepción fue declarado tras 53 días de bloqueos y conflictos sociales. Según el Gobierno, persisten riesgos de nuevas movilizaciones que podrían desestabilizar el orden. El diputado oficialista Alejandro Medinaceli comunicó que la extensión de esta medida es fundamental para conservar la estabilidad lograda tras las crisis recientes.
Cuestionamientos a la prórroga del estado de excepción
La decisión del Gobierno no ha estado exenta de críticas. El líder de la agrupación Libre, Jorge Quiroga, alertó que la ampliación del estado de excepción podría resultar en un retraso de la reforma constitucional, a la que considera urgente. Quiroga manifestó: “Prorrogar y ampliar por tres meses un estado de excepción (…) significa ya no solamente 10 meses, sino tres meses más de no tratar lo imprescindible.”
Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha señalado que el estado de excepción es una herramienta que debe ser usada de manera temporal y que no aborda las causas profundas de la conflictividad social, como son los problemas relacionados con el combustible y el costo de vida.
En conclusión, mientras el Gobierno intenta gestionar el control de posibles protestas futuras, la discusión sobre la reforma constitucional queda nuevamente relegada en medio de tensiones políticas.