El 22 de septiembre de 2026, las autoridades bolivianas expulsaron a Fernando Dorcelino Pereira da Silva, un ciudadano brasileño de 28 años, quien tenía una condena pendiente de 20 años de prisión en Brasil debido a varios delitos.
Pereira da Silva fue arrestado en la región de Beni por agentes del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI), que lo llevaron bajo custodia hasta la localidad de Guayaramerín, en coordinación con las autoridades de Guajará-Mirim en Brasil.
El condenado tenía un mandamiento de prisión preventiva en Brasil, que abarcaba una pena de 20 años, 11 meses y 19 días, lo que sumaba a su situación delictiva en territorio brasileño.
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) informó que el expulsado contaba con un historial delictivo que incluía delitos como la portación ilegal de armas, tráfico de drogas, homicidio calificado, robo seguido de muerte y receptación simple.
La acción de repatriación se realizó como parte de las gestiones entre Bolivia y Brasil para enfrentar la criminalidad y asegurar la justicia correspondiente a los delincuentes con orden de captura en su país de origen.