Evo Morales, líder del movimiento cocalero en Cochabamba y exmandatario boliviano, ha recibido una segunda orden de aprehensión emitida por el Ministerio Público. Esta decisión se enmarca en la investigación sobre los bloqueos que tuvieron lugar en el país por más de 50 días.
La orden fue dictada el miércoles por el fiscal Alfredo Melgar Ledezma, en respuesta a una denuncia presentada por el Comité pro Santa Cruz y el Ministerio de Gobierno, en relación a los eventos ocurridos durante las movilizaciones que afectaron diversas regiones de Bolivia.
Según el documento legal, Morales está siendo investigado por seis delitos, que incluyen alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, terrorismo, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.
Después de conocer la orden de aprehensión, Morales expresó su desacuerdo a través de sus redes sociales, señalando que considera al Gobierno responsable de esta decisión judicial. Aseguró no tener temor a los procesos legales que enfrenta.
Esta nueva orden se suma a la que ya pesaba sobre él por el caso de presunta trata de personas, donde se le investiga por haber mantenido una relación con una menor de edad durante su mandato, relación de la que surgió un hijo.
En este caso anterior, Morales no se presentó a una audiencia de juicio oral programada para el 11 de mayo, lo que llevó a que se le declarara rebelde y a que se activara la orden de aprehensión en su contra.
Recientemente, la defensa del expresidente solicitó la anulación de este proceso, argumentando la inexistencia de una víctima o delito; sin embargo, el Ministerio Público confirmó que esta solicitud fue rechazada.