Las cámaras empresariales de Santa Cruz, CAO y Cainco, han manifestado su preocupación frente a la lentitud del gobierno en la implementación de medidas para abordar la crisis económica actual. Alertaron que la falta de decisiones adecuadas podría acarrear graves repercusiones para Bolivia.
En un comunicado titulado “El país tiene dos relojes”, ambas organizaciones sostuvieron que existe un desajuste crítico entre la aceleración del deterioro económico y la respuesta estatal, que califican como insuficiente. En sus palabras, "no se necesita más información, sino actuar con celeridad".
Señalaron que la crisis se manifiesta en diversos frentes, como la escasez de diésel, la pérdida de mercados y capitales tras 50 días de bloqueos, así como el agotamiento de los recursos petroleros. Estos factores han impactado severamente a empresas de todos los tamaños.
Una de las acciones urgentes que demandan las cámaras es asegurar el suministro de diésel, mencionando que actualmente las estaciones de servicio en Santa Cruz reciben apenas un 30% del volumen necesario para operar adecuadamente.
Además, enfatizaron la importancia del sector agropecuario para la economía boliviana, destacando que este sector consume cerca del 16% del diésel disponible, mientras que produce el 77% de los alimentos que requiere el país.
Otro aspecto que mencionaron es la necesidad de agilizar las autorizaciones para el uso de biocombustibles y transparentar la distribución diaria de combustibles en cada región. Resaltaron que Bolivia importa el 95% del diésel que consume, sugiriendo que incrementar la producción de etanol podría reducir esta dependencia.
Respecto a la propuesta de una nueva Ley de Inversiones, ambos organismos coincidieron en que es fundamental para atraer capital, aunque manifestaron su preocupación por la forma en que se está tramitando en la Asamblea Legislativa, donde compite con otras tres iniciativas y aún no tiene un cronograma definido para su discusión.
Finalmente, la CAO y Cainco advirtieron que la urgencia por contar con una nueva normativa no debe llevar a improvisaciones. Aseguraron que una legislación defectuosa podría generar incertidumbre y judicialización, lo que contradiría el objetivo de fomentar la inversión. Reiteraron que el sector productivo tiene la capacidad de aumentar su producción y generar divisas sin necesidad de expandir su área cultivada, instando al Estado a actuar con prontitud.
"La demora de hoy se pagará mañana", afirmaron las entidades, subrayando la importancia de no seguir postergando decisiones en un contexto económico crítico.