Recientemente, el Tribunal Supremo de Estados Unidos dejó sin efecto las limitaciones que impedían a la administración de Donald Trump utilizar una base de datos federal que contiene información sensible sobre ciudadanía, diseñada para identificar a votantes que podrían no ser ciudadanos.
Los opositores a esta medida han manifestado serias dudas sobre la precisión de los datos, advirtiendo que existe el riesgo de que ciudadanos estadounidenses sean eliminados injustamente de los registros electorales.
Decisión del Tribunal y su contexto legal
En junio, una jueza federal había calificado el sistema como ilegal, argumentando que infringía el derecho a la privacidad de los ciudadanos. No obstante, la mayoría conservadora del Tribunal Supremo afirmó que la Ley Nacional de Registro de Votantes evita las purgas masivas en época electoral, lo que limita el impacto de su decisión antes de las elecciones de mitad de mandato.
La controversia gira en torno al programa conocido como Verificación Sistemática de Extranjeros para la Obtención de Beneficios (SAVE), que permite a los funcionarios validar la elegibilidad de los votantes inscritos. Originalmente creado en 1986, su uso se amplió el año pasado para incluir búsquedas masivas de información del Seguro Social.
El daño causado por imponer cargas o privar del derecho al voto incluso a unos pocos votantes legítimos supera con creces el daño inexistente que experimenta el gobierno cuando se le impide tomar una medida para la que probablemente carece de autoridad.
La reciente decisión del Tribunal Supremo también se basa en una ley de 1996 que permite al Departamento de Seguridad Nacional solicitar información sobre la ciudadanía y la inmigración de otras agencias federales, asegurando que los estados que lo requieran deben recibir esa información.
Grupos que defienden el derecho al voto han criticado este fallo, considerándolo alarmante, ya que podría poner en riesgo a millones de ciudadanos ante ataques ilegales basados en una base de datos considerada poco confiable.
A pesar de la defensa de la administración Trump sobre la legalidad y necesidad del sistema para prevenir el voto de no ciudadanos, han surgido reportes de errores significativos, como en el caso de Texas, donde se identificaron ciudadanos como no ciudadanos, lo que generó preocupación sobre la eficiencia del sistema.