Fernando Aramayo, actual ministro de la Presidencia, subrayó que el Gobierno de Rodrigo Paz tomará medidas para evitar que se generen nuevos conflictos sociales que puedan afectar la circulación y la economía nacional. Esta advertencia se presentó en el contexto de los anuncios de protestas por parte de Evo Morales y su organización política, Evo Pueblo, previstas para el 13 de octubre.
Las movilizaciones que se planean tienen como trasfondo la exigencia de la revocación de dos decretos supremos que los sectores afines a Morales consideran nocivos: el Decreto Supremo 5716, que eliminó la subvención al diésel, y el Decreto Supremo 5727, que afecta la estructura de varias empresas estatales.
Aramayo, al referirse a los bloqueos que tuvieron lugar entre mayo y junio, que duraron 53 días, mencionó que estos actos causaron serios daños al transporte de mercancías, a la provisión de medicamentos y a la economía en general. Además, criticó personalmente a Morales, sugiriendo que debería dar paso a otros líderes para favorecer el progreso del país.
Desde las filas del evismo, se argumenta que las movilizaciones son una respuesta justa ante los ajustes económicos y las disposiciones que consideran perjudiciales para la población. El Gobierno, por su parte, hace hincapié en su compromiso de garantizar la libre circulación y los servicios esenciales, a la vez que mantiene abierta la opción de diálogo con los sectores que planean movilizarse.
La declaración de Aramayo ha incrementado las tensiones políticas a pocos días de la fecha señalada para las protestas. El principal interrogante es cómo reaccionará el Gobierno ante estas movilizaciones y si se podrá establecer un canal de negociación entre ambas partes antes del 13 de octubre.