El 18 de septiembre se extingue el Estado de excepción en Bolivia, que restringe bloqueos en el territorio nacional. Este hecho ha suscitado un intenso debate sobre la posibilidad de extender esta medida, especialmente ante la inminencia de movilizaciones planeadas para octubre.
Lissa Claros, diputada del partido Libre, argumentó que cualquier decisión sobre la prórroga debe ser respaldada por un informe del Poder Ejecutivo y que la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene la última palabra en este asunto. "La ampliación no debe ser solo un análisis de una comisión, es esencial un informe exhaustivo que involucre a toda la ALP", enfatizó.
Por otro lado, Alejandro Medinaceli, del Partido Demócrata Cristiano, defendió la solicitud de prórroga, indicando que no es una decisión arbitraria del Gobierno, sino una respuesta a preocupaciones expresadas por diversas organizaciones sociales ante la posibilidad de movilizaciones que podrían impactar negativamente la economía del país.
Medinaceli destacó que ha habido inquietudes generadas por pronunciamientos de diferentes sectores, lo que ha llevado a considerar necesario proseguir con el Estado de excepción para salvaguardar la estabilidad económica en medio de esta incertidumbre.