Juan Marcelo Ferrufino Rojas, teniente coronel de la Policía, enfrenta una solicitud de seis meses de detención preventiva por parte del Ministerio Público. Esto se debe a su imputación en cinco delitos relacionados con la investigación de la sustracción de maletas durante el operativo en el que fue arrestado el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.
La audiencia para determinar la medida cautelar aún no tiene fecha confirmada. La Fiscalía alega que Ferrufino estaría vinculado a delitos como peculado, incumplimiento de deberes, hurto agravado, concusión y cohecho pasivo.
Implicaciones del operativo policial
Se sostiene que Ferrufino participó en la captura de Marset, llevada a cabo el 13 de marzo de 2026 en Santa Cruz de la Sierra. En el contexto de esta investigación, se ha mencionado que, además de dinero en efectivo que podría ascender a cuatro millones de dólares, también se habrían encontrado relojes de lujo y otros objetos de alto valor en las maletas implicadas, aunque se desconoce su destino final.
La Fiscalía está llevando a cabo diversas diligencias, incluyendo pericias informáticas y recolección de grabaciones de cámaras de seguridad para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades de los involucrados.
Defensa de Ferrufino plantea irregularidades
El abogado de Ferrufino, Freddy Velásquez, ha cuestionado la legalidad de la detención, sugiriendo que su cliente, como funcionario policial, podría haberse presentado ante las autoridades sin necesidad de arresto. Además, ha manifestado dudas sobre la autenticidad de los videos utilizados en la investigación, alegando que podrían haber sido alterados.
Velásquez también ha expresado su preocupación por la seguridad de Ferrufino en caso de ser encarcelado, argumentando que su cliente podría enfrentarse a peligros debido a su historial en operativos contra el narcotráfico, donde muchos de los arrestados pueden estar actualmente recluidos.
Por el momento, Ferrufino se mantiene en calidad de imputado, y la investigación sigue su curso, respetando el principio de presunción de inocencia hasta que se resuelva su situación en el ámbito judicial.